Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales pueden y deben ser evitados. Es una obligación moral y ética del empleador hacerlo pero también es una responsabilidad legal dispuesta en la Ley 5032 desde el año 1914, y que ha sido reforzada recientemente, en el año 2014, por la norma que consagra la responsabilidad penal del empleador. Para ello es necesario trabajar preventivamente eliminando los riesgos presentes en las condiciones de trabajo que pueden originar daños a la salud del trabajador.
En nuestro país existen diversas normas reglamentarias de la Ley 5032 que aplican en forma obligatoria a las empresas según la rama de actividad a la que pertenecen. Así por ejemplo el Decreto 406/988 aplica al comercio, la industria en general y los servicios; el Decreto 125/014 es específico para la prevención de riesgos en la industria de la construcción; el Decreto 321/009 refiere a la actividad rural; el Decreto 372/999 a la actividad forestal y así sucesivamente otros Decretos que no enumeramos. Son normas específicas que determinan las condiciones mínimas exigibles a las empresas comprendidas en el ámbito de aplicación de las mismas.
El cumplimiento y la aplicación de dichas normas permiten actuar puntualmente en el medio ambiente de trabajo y evitar un conjunto muy importante de condiciones de riesgo para los trabajadores. Pero lo que permite un control efectivo, sistemático y organizado sobre las condiciones de trabajo en la empresa es la evaluación de los riesgos derivados de los procesos de trabajo, instalaciones, maquinaria, equipos, condiciones locativas, etc., y la aplicación de las medidas preventivas correspondientes.
Así lo disponen los Decretos 291/007 y 306/005, y el Decreto 307/009, donde los dos primeros, referidos a las políticas de salud y seguridad en el trabajo, consagran el derecho a la participación de los trabajadores en los temas relativos a la prevención de riesgos y la instalación y funcionamiento de las Comisiones de Salud y Seguridad Bipartitas en la empresa. El Decreto 307/009 refiere a la prevención del riesgo químico en el lugar de trabajo y aplica a todas las ramas de actividad.
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